En 2020, el Estado ecuatoriano gastó USD 40’257.403 para la alimentación de 38.967 personas privadas de la libertad, tanto en los centros penitenciarios como en las correccionales juveniles. Esto equivale a un gasto anual de USD 1.033 anuales por cada uno, en comida.

El 12 de noviembre de 2021 se produjo la cuarta masacre carcelaria en la Penitenciaría del Litoral. En lo que va de 2021 se registra 340 muertes violentas en los denominados centros de rehabilitación social. Las masacres han dejado en evidencia los problemas que arrastra el sistema penitenciario ecuatoriano, debilitado por la baja capacidad de respuesta de las autoridades y por las disputas entre pandillas por el control de las cárceles.

Pero la crisis carcelaria no es un problema reciente. Existen factores como el crecimiento de la población carcelaria desde el año 2000 que dificultan una atención integral de los reclusos. En 2009 había 11.517 reclusos en Ecuador y para 2019 la cifra se triplicó a 39.559, según datos del Ministerio de Justicia.

Ya para 2020, el sistema penitenciario registró un promedio de 38.618 presos y 349 adolescentes infractores, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). (Ver gráfico)

Cabe recalcar que estas cifras se refieren al promedio de población carcelaria permanente en los centros penitenciarios. Solo en 2020, 41.629 personas ingresaron al sistema y salieron 42.151. Esto se refiere a personas que ingresaron temporalmente, durante días o meses, personas que salieron tras cumplir su sentencia en prelibertad.

El problema es que las instalaciones carcelarias tienen capacidad para albergar a 29.746 reclusos, provocando un hacinamiento del 30,2%. Es decir, existe una sobrepoblación penitenciaria de 8.983 reos.

Durante 2020 se habilitaron 1.192 plazas adicionales en los centros penitenciarios, con la intensión de sumar la capacidad instalada para recibir más reclusos. Así se logró disminuir el hacinamiento penitenciario en un 10% para el 2020. Este esfuerzo es de destacar, pero aún está lejos de ofrecer una solución definitiva. Las condiciones de hacinamiento no han mejorado cuantitativamente y a ellas contribuyen los fallos judiciales que no consideran a la prisión preventiva como último recurso y a las demoras en tramitación por parte de la Función Judicial.

¿Cuánto nos cuesta esto?

Cerca del 50% de los recursos anuales del sistema penitenciario se van en la alimentación de los reclusos. En 2020, de un presupuesto de USD 89 millones destinados al gasto corriente, USD 40.2 millones se utilizaron para el pago de servicios de alimentación. Otros USD 2.6 millones se destinaron a gastos de inversión, pero de ese rubro apenas se ejecutó un 25%; es decir, solo se usaron USD 664.742. ¿Qué pasó con los otros USD 2 millones? Según el SNAI, durante 2020 se presentaron diferentes nudos críticos que impidieron la ejecución óptima de recursos y una adecuada gestión institucional.

Según detalla el SNAI en su Rendición de Cuentas 2020, debido a la pandemia, ese año se recortaron USD 15 millones del presupuesto anual y hubo un “inconveniente” con en la fuente de financiamiento del proyecto de inversión en ejecución denominado “Transformación del Sistema de Rehabilitación Social”, lo que originó el incumplimiento de la planificación de actividades al único proyecto que contaba con recursos asignados para el año 2020.

La reforma carcelaria es un pendiente lleno de aplazamientos en Ecuador. En junio de 2019 también se anunció la implementación de un plan con una inversión estimada en USD 38.3 millones, pero hasta agosto de 2021 apenas había ejecutado un 4% del proyecto.

El proyecto estuvo a cargo del SNAI, pero tras cuatro recortes presupuestarios, hasta mayo de 2021, solo se logró la construcción de dos pabellones femeninos, en Napo y en Carchi, y un muro perimetral en la cárcel de Imbabura, además de la compra de 1.500 chompas para los guías y radios portátiles digitales de comunicación. Según la institución, los más de USD 38 millones no fueron entregados.

El presupuesto en 2021

Para desarticular el control de las bandas criminales al interior de las cárceles, el Gobierno aplica una estrategia de traslados. Es decir, identifican a los cabecillas y presos más peligrosos y los cambian de centro de rehabilitación. Pero esto tiene un costo: cada traslado representa un gasto de USD 100,26 y USD 89.993 al mes. El objetivo con esto es reducir los riesgos de fugas, intercepciones para liberar a detenidos o amotinamientos por falta de personal, pero existe resistencia por parte de los reclusos.

Para 2021 existe un presupuesto de USD 108.3 millones: USD 56.2 millones cubren los gastos corrientes (gastos permanentes, como sueldos y alimentación de los reclusos); y, USD 52 se destinan para los gastos de inversión.

Del total de ese presupuesto, al cierre de agosto de este año apenas se ha ejecutado el 12,24%; es decir, que solo se ha utilizado USD 13.2 millones, según información oficial.

El gasto más fuerte sigue siendo el de alimentación que asciende a USD 41 millones, seguido por el pago de remuneraciones estimado en USD 24.3 millones – sin considerar desembolsos por sobresueldos – USD 1.5 millones por la Compensación de Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Cuerpo de Bomberos; y, otros USD 5.7 millones para el pago de Servicios Personales por Contrato.