Como parte de las acciones comprometidas por Fundación Ciudadanía y Desarrollo en su convenio con la Prefectura del Guayas, se realizó seguimiento y análisis a las acciones implementadas respecto del personal de la institución.

Tras el fallecimiento del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, en junio de 2020, el liderazgo del gobierno provincial quedó en manos de su vice prefecta, Susana González, que de inmediato anunció el inicio de un plan de optimización de recursos que comenzaría con el gasto corriente relacionado al pago de la nómina de funcionarios de la institución.

Las acciones de desvinculación de personal iniciaron de inmediato. En junio se separó a 299 funcionarios; al mes siguientes, tres más; y, en agosto de ese año, 423 personas dejaron sus cargos en la institución.

La cifra podría parecer elevada, pero incluso durante la administración de Morales, en julio de 2019, se desvinculó a 518 empleados aduciendo la existencia de “personal en exceso”.

En el caso de la administración de González, se procedió con las desvinculaciones tras un informe del Departamento de Talento Humano, que determinó duplicidad de funciones, nombramientos provisionales sin debida justificación y exceso de personal en ciertas áreas.

Desde que González asumió, en junio de 2020, hasta agosto de 2021, la nómina de la Prefectura experimentó diferentes altibajos: el primer mes de gestiones se registró un total 1.565 servidores públicos en nómina y, 16 meses más tarde, la cifra bajó a 1.166 trabajadores; es decir, hubo un recorte de 398 colaboradores.

El objetivo de esta reducción fue la optimización del gasto. La evaluación y posterior optimización del recurso humano resultó en un ahorro de USD 382.716 en el último mes. El gasto mensual en sueldos pasó de USD 1’683.344 en junio de 2020, a USD 1’300.629 en agosto de 2021.

Cabe señalar que en la nómina de junio 2020 se registró cuatro trabajadores en Auditoría Interna, uno en la Dirección Provincial de Comunicación Social y uno en la Dirección de Desarrollo Comunitario con un registro de sueldos en cero.

La misma novedad se encuentra en la nómina de agosto de 2021. Se trata de los mismos cuatro auditores internos: Rosa Delia Arias Hidalgo, Alex Wilson Morán Sánchez, Maribel Catalina Ortega Guzmán y Miguel Eduardo Ponce Soledispa.



DOS CASOS A DESTACAR EN LA GESTIÓN DEL DINERO PÚBLICO

Cobro de multas a dos concesionarias

La Prefectura del Guayas inició las acciones de cobro de multas por más de USD 34’467.681 a las concesionaria Concegua y Conorte debido al supuesto incumplimiento de los contratos de obras y mantenimientos viales no ejecutados.

Se trata de trabajos pendientes de Concegua en la ruta Durán-El Triunfo-Bucay, como parte del plan de obras nuevas del periodo 2018-2020, y en las vías Nobol-La Cadena y Guayaquil-El Empalme, en el mismo periodo, por parte de Conorte. Según el cálculo de las autoridades provinciales, Conorte deberá cancelar a la Prefectura USD 26.722.190 y Concegua USD 7.745.490.

Como antecedente, el 20 de octubre del 1998 el Consejo Provincial suscribió contratos de concesión de obra pública con ambas compañías. Desde entonces ambas empresas tienen la concesión de 613 km de vías en la provincia, contratos que fenecían en el año 2020.

El dragado del Río Guayas

Esta obra lleva 53 años de retraso y tres intentos fallidos para ejecutar la obra, pero la Prefectura del Guayas abrió finalmente una convocatoria para empresas interesadas en dragar el río Guayas. Se conoce que 27 empresas internacionales han mostrado interés en el proceso de licitación.

El primer intento por dragar el río fue en 2016, cuando Jimmy Jairala era prefecto. El funcionario logró el apoyo del expresidente Rafael Correa para financiar los USD 60 millones que costaba la obra Se contrató a la empresa China Harbour Engineering Company, para remover 4,5 millones de metros cúbicos de tierra en 34 meses, con un contrato de USD 44 millones. En septiembre de 2017, la firma china dijo que se retiraba del contrato porque no había conseguido el crédito para financiar el 60% de la obra.

Segundo y tercer intento, con la Armada Nacional. Tras el abandono de los chinos, Jairala volvió la mirada al mercado local y firmó en abril de 2018 con la Armada Nacional un contrato por USD 58,8 millones para dragar el islote El Palmar, que crece a un costado del puente de la Unidad Nacional. La Armada, incluso, se comprometió a comprar una draga en USD 12 millones. A finales de 2018, la prefectura y la Armada firmaron un adendum al contrato, en el que cambiaban las condiciones del financiamiento.

El gobierno de la provincia pagaría USD 58 millones entre 2018 y 2023. La Armada podría comprar su draga y la prefectura se ahorraría, según Jairala, USD 32 millones. Pero las cosas no se dieron como se esperaba y la prefectura terminó, de manera unilateralmente el acuerdo en agosto de 2019. Carlos Luis Morales era el nuevo prefecto, pero falleció casi al inicio de su gestión.

En enero de 2020 se inauguró el dragado de los 92 kilómetros del canal de acceso al puerto, al otro lado del río, con lo que la profundidad pasó de 9,5 a 12,5 metros y se eliminó la zona rocosa de Los Goles, que constituía en un obstáculo para la navegación.

El dragado actual tiene un valor referencial de USD 46 millones, con USD 44 millones menos que la contratación anterior, que no se concretó y que se acercaba a los USD 90 millones. Parte del ahorro consiste en que no se pagará intereses por la obra.

El contrato será pagado con fondos propios de la Prefectura del Guayas y se prevé extraer seis millones de metros cúbicos, que serán depositados de forma sostenible en cuatro áreas estratégicas, que cuentan con licencia ambiental, según fuentes oficiales.