Los asambleístas y los trabajadores de más alto nivel reciben beneficios extraordinarios.

La Función Legislativa es la que menos presupuesto recibe de entre las funciones del Estado. En 2017, a la Asamblea Nacional se le asignaron USD 61,69 millones para su trabajo, menos de la mitad de lo dispuesto para la Función Electoral (USD 135 millones), y menos del 1% de lo que recibe la función Ejecutiva (USD 35,6 mil millones). Sin embargo, es una de las instituciones que más gasta en personal: el 78% de su presupuesto se destina a ese rubro. 

Según el reporte de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas, los gastos de la Asamblea que corresponden al personal suman USD 47,34 millones. Estos incluyen los sueldos de los asambleístas y los funcionarios de la Asamblea, pero además todos los beneficios laborales como décimos sueldos, aportes a la seguridad social, fondos de reserva, liquidaciones, etc. 

Presupuesto Asamblea
Infogram

La Asamblea tiene como atribuciones principales legislar y fiscalizar. Pero para cumplir esas funciones, además de los 137 asambleístas, están sus asesores y asistentes, y el personal administrativo y coordinador. En total, 1.409 personas trabajaban en la Asamblea hasta noviembre pasado, según el reporte de transparencia que esa institución tiene disponible en su página web. En el Legislativo hay 354 asesores, 376 asistentes y 97 especialistas; el resto son funcionarios legislativos de varias áreas. 

Según el Reglamento para la contratación de asesores de la Función Legislativa, cada asambleísta tiene derecho a tener dos asesores y dos asistentes. Los dos vicepresidentes pueden tener un asesor y un técnico adicional. Los vocales del Consejo de la Administración Legislativa, cuentan con un asesor, un técnico y dos asistentes adicionales. Las bancadas pueden contratar dos asesores más, y los movimientos y partidos con al menos 5% de la votación, un asistente administrativo. 

Quien más asesores tiene es el presidente de la Asamblea, José Serrano. Como asambleísta, cuenta con dos asesores y dos asistentes, pero en su despacho en la Presidencia trabajan además 23 asesores y 14 otras personas, entre técnicos, especialistas y analistas. 

Los vocales del CAL tienen en total tres asesores, cuatro asistentes y un técnico. Los dos vicepresidentes cuentan con cuatro asesores, dos asistentes y un técnico. 

Además, la Asamblea cuenta con 19 conductores, tres médicos, dos odontólogos, dos enfermeras, un psicólogo, un auxiliar de odontología y un bioquímico, y con un cerrajero, un plomero, un mensajero, un jardinero y un conserje. 

Si dividimos por áreas, la mayor parte de los funcionarios (674) trabajan en los despachos de los asambleístas. Un total de 150 personas laboran en las áreas de comunicación, relaciones públicas y medios, y 128 en administrativo. 

Solo en los salarios de todos estos trabajadores se gasta mensualmente en promedio USD 3,23 millones, sin incluir aportes al IESS, décimos sueldos y otros beneficios de ley. El sueldo más alto es USD 5.410, que corresponde al presidente de la Asamblea. Todos los demás 136 legisladores reciben al mes USD 5.009. 

Los asesores ganan entre USD 2.679 y USD 3.798, mientras que los asistentes, entre USD 817 y USD 2.082. Los sueldos más bajos, en cambio, corresponden al cerrajero, plomero, mensajero, jardinero y conserje de la Asamblea, que ganan USD 527, y a los 19 conductores, que ganan USD 553. 

Apenas 159 personas, que corresponden al 11% de los funcionarios de la Asamblea, reciben sueldos de menos de USD 1.000. El 36% de los trabajadores de esta institución ganan entre USD 1.000 y USD 2.000 mensuales, el 26% entre USD 2.000 y USD 3.000, y el 16% por sobre los USD 3.000. Por sobre los USD 5.000 están solo los 137 asambleístas. 

Los pasajes y bonos de vivienda 

Además de los sueldos altos —bastante lejanos al valor que corresponde a la denominada Remuneración Básica Mínima Unificada fijada en USD 386 para 2018—, los asambleístas y los trabajadores de la Asamblea de más alto nivel reciben beneficios extraordinarios. Existen bonos de vivienda y pasajes aéreos para quienes son de fuera de Quito. Hay compensaciones de movilización por tener que tomar transporte terrestre. De esta manera, su vida en Quito, donde se ubica la sede de la Asamblea Nacional, no les reporta casi ningún gasto. 

Los asambleístas y funcionarios de alto rango que trabajan en la sede de la Asamblea en Quito, pero tengan su residencia permanente en otra ciudad, reciben “compensaciones” monetarias para pagar los gastos de su vivienda en la capital. El único requisito para recibir el dinero es vivir a 60 kilómetros o más de los límites de la ciudad de Quito. 

Quienes pueden acogerse a esta “compensación económica” son los 137 asambleístas, el secretario general, el prosecretario general, el administrador general, los coordinadores generales, los asesores 1 de despacho de los asambleístas (cada uno de los 137 asambleístas tiene uno), los asesores de la Presidencia de la Asamblea, los asesores 1 de los vicepresidentes de la Asamblea y los asesores 1 de los vocales del CAL. 

Fundación Ciudadanía y Desarrollo solicitó el pasado 21 de diciembre el listado de los funcionarios de la Asamblea Nacional que reciben dicha compensación por vivienda, con el detalle de su cargo y el monto mensual recibido; sin embargo, no ha recibido respuesta hasta el cierre de este informe. 

De acuerdo con tres resoluciones de junio y julio del 2017, el CAL presidido por José Serrano incrementó los valores por compensación de vivienda para los asambleístas y los servidores de más alto nivel de la Asamblea. Los asambleístas reciben el valor de tres salarios básicos unificados al mes (USD 1.125 en 2017, y USD 1.158 en 2018), y los funcionarios, el equivalente a dos salarios básicos (USD 750 en 2017, y 772 en 2018). Además, se incluyó entre quienes pueden recibir este bono a los asesores de la Presidencia de la Asamblea, los asesores 1 de los vicepresidentes de la Asamblea y los asesores 1 de los vocales del CAL, que antes no constaban entre los funcionarios que pueden recibir ese dinero. 

Según el presupuesto de la Asamblea, hasta noviembre del 2017 se habían gastado USD 1’398.878,01 por el concepto de “viáticos por gastos en residencia”. Este rubro sin embargo no se considera dentro de los gastos en personal, sino como bienes y servicios. 

Además, los asambleístas tienen derecho a que se les devuelva los gastos por movilización hacia sus lugares de residencia. Según el Reglamento de Viáticos de la Asamblea, los legisladores que no viven en Quito tienen derecho anualmente a 52 pasajes de avión de ida y vuelta, de los cuales 13 pueden ser usados para trasladarse a un destino diferente a su ciudad de origen. Los asambleístas de Pichincha y del exterior que fijen su domicilio en Quito tienen derecho a utilizar los 13 pasajes ida y vuelta al año, para trasladarse a otros destinos del país. 

Si no hay servicio aéreo desde donde los asambleístas se movilizan, reciben un “subsidio terrestre”, de USD 0,35 por kilómetro, cuando no se desplacen en vehículos que pertenezcan a la Asamblea Nacional.

Más personal, mismas tareas 

El cambio de autoridades de la Asamblea Nacional significó un aumento de personal de cerca de 200 personas. A diciembre del 2017, con ya siete meses en funcionamiento del Legislativo presidido por José Serrano (Alianza PAIS), existe un fuerte incremento de funcionarios legislativos. 

En el período 2013-2017, en el que Gabriela Rivadeneira ocupo la Presidencia de la Asamblea, el número de servidores de la Asamblea no llegó a superar los 1300. Como se puede observar en el gráfico, el mayor número de funcionarios fue 1.287, en abril del 2017. 

En mayo del 2017 hay un descenso fuerte en el personal, debido al cambio de autoridades. La mayor parte de los legisladores que llegaron a la Asamblea no tienen la calidad de reelegidos, por lo que asesores y asistentes de los asambleístas salientes debieron renunciar. 

Con la llegada del nuevo período, en el que se designó a José Serrano como presidente, el número de personal comenzó a incrementarse, pero superó el número de los funcionarios que había cuando Rivadeneira estaba en la presidencia. En agosto, ya eran más de 1.300 funcionarios, y para octubre, más de 1.400. La Asamblea cerró el año con 1.427 funcionarios. 

Hay que considerar que en este nuevo período de la Asamblea se crearon tres nuevas comisiones ocasionales: la de violencia contra la mujer, la del abuso sexual en el sistema educativo, la de la siniestralidad en las vías. Sin embargo, según el reporte de personal de diciembre de 2017, solo siete personas fueron incorporadas para trabajar en esas comisiones. 

Lea el informe completo publicado en Plan V aquí.