Todavía lejos de la ansiada recuperación económica, el Estado ecuatoriano inició 2021 con un menor presupuesto y deberá someterse a un fuerte plan de ajuste de gastos permanentes (gasto corriente) para estabilizar su economía cubriendo el hueco fiscal y reduciendo sus necesidades de financiamiento.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) establece que en un año electoral y de cambio de gobierno se trabaje con un presupuesto prorrogado. Es decir, aplica el mismo presupuesto estimado para el año anterior inmediato, hasta que sean posesionadas las nuevas autoridades y presenten su proforma presupuestaria.

El presupuesto inicial para 2020 fue USD 35.498 millones; sin embargo, esta cifra cayó en un 9,6% por el impacto de la pandemia por el coronavirus, principalmente por el desplome de los ingresos petroleros y la reducción de los ingresos tributarios.

El impacto fue mayor en el presupuesto destinado al gasto para egresos financieros, también en el rubro de bienes y servicios de consumo como, por ejemplo, los pasajes al exterior que pasó USD 8,5 millones, en 2019; a USD 2 millones, en 2020. Asimismo, el gasto en materiales de oficina bajó, de USD 26,4 millones a USD 11 millones, en el mismo período.

Sectores como salud, educación y trabajo también experimentaron una reducción de USD 643 millones en su presupuesto en 2020, conforme los registros oficiales. Además, hubo una reducción de USD 294 millones en los gastos de personal y cerca de USD 200 millones menos en obras públicas. (Ver el gráfico)



Considerando esto, las autoridades ecuatorianas aplicarán una ligera modificación este año, tomando como punto de inicio el presupuesto codificado hasta diciembre 2020, eso es USD 32.080 millones, según el último informe del Ministerio de Economía y Finanzas.

En cifras puntuales, se trata de USD 3.418 millones menos en el presupuesto de 2021, al inicio de un año electoral post confinamiento y con una pandemia latente. A esto se suma un plan de reducción aún mayor en el sector público, además de una reducción del gasto destinado a subsidios, y un recorte en el rubro de bienes y servicios de consumo, como alquiler de edificios, viáticos, pasajes, entre otros.

El Ministerio de Economía estimó una reducción USD 400 millones en bienes y servicios de consumo. Y otros USD 300 millones en gastos de personal para 2021, lo que podría implicar nuevos recortes a las nóminas del sector público. Mauricio Pozo, titular de esa Cartera de Estado ha mencionado que parte de la estrategia gira en torno al no reemplazar de vacantes, ni del 100% de los contratos ocasionales.

Hay que tomar en cuenta que entre 2019 y 2020 se aplicó un ajuste mayor de USD 705 millones en este rubro, con recortes de personal y medidas como la reducción temporal de la jornada laboral para funcionarios públicos (excepto médicos, policías y otros de primera línea en la emergencia).

En 2020 el Gobierno aplicó medidas que no pasaron de lo simbólico y fallaron. En mayo del 2020, el Ejecutivo ordenó la reducción del 50% del salario al presidente, vicepresidente, ministros y viceministros con el Decreto 1041. Estaba previsto que rigiese un año, pero cuatro meses después se excluyó a los viceministros; y, seis meses después, la medida fue derogada.

Al respeto, el equipo del Observatorio de Gasto Público publicó dos informes en los que se evidenció la discrecionalidad del Gobierno, al no exponer públicamente las pruebas documentales que certifiquen que, efectivamente, las reducciones fueron aplicadas.

• 1er informe: Aporte salarial del Ejecutivo por COVID-19 no cuenta con registro público
• 2do informe: Reducción salarial de presidente y su gabinete duró menos de lo previsto

Necesidades de financiamiento

Conforme al plan acordado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Estado ecuatoriano deberá recortar sus gastos en alrededor de USD 1.768 millones. Así costa en el informe de revisión de metas del país, publicado por el organismo multilateral en diciembre pasado.

El 2021, al igual que en años anteriores, el Estado tendrá más gastos que ingresos, por lo que será necesario acudir nuevamente al financiamiento externo. En 2020, fueron necesarios USD 13.976 millones para cubrir el déficit fiscal y pagar el capital de la deuda externa; pero, según el ministro Pozo, esas necesidades de deuda serían menores este año y se necesitaría USD 7.651 millones.

Conforme a las previsiones el FMI, se tendría obtener USD 5.015 millones de los organismos multilaterales y USD 2.636 millones en deuda interna.

En término porcentuales, se espera que el déficit fiscal baje un 61,5% entre 2020 y 2021, o el equivalente a USD 4.511 millones.

La deuda que hereda el nuevo gobierno

Hasta octubre de 2020, la deuda pública creció a un ritmo de USD 258 millones cada mes, llegando a los USD 59.923 millones. Dos meses después, al cierre de 2020, la cifra creció y se ubicó en los USD 63.163 millones, equivalente al 65% del PIB, pese a que la meta inicial del Gobierno era reducir la deuda por debajo del 40%.

Al cierre de 2020, el Gobierno mantiene una deuda externa por USD 45.367 millones y un 42% de ese monto corresponde a obligaciones con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR); es decir, USD 19.049 millones.

El resto se divide entre gobiernos que otorgaron líneas de crédito al país y entidades financieras como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). A esto se suma los bonos emitidos en mercados internacionales por USD 17.910 millones.

En cuanto la deuda interna, el Gobierno debe al Banco Central USD 500 millones y USD 1.509 millones al Banco de Desarrollo del Ecuador. A la Seguridad Social IESS le adeuda USD 381 millones. También, se emitieron títulos de deuda por USD 14.697 millones repartidos en: USD 1.030 a manos privados y USD 13.667 millones a tenedores públicos.

Además, se mantiene deudas heredadas de años fiscales anteriores por USD 708 millones con entidades como el IESS, las empresas y la banca pública, sociedades anónimas con participación pública y gobiernos autónomos descentralizados.