Un proyecto para reformar las cárceles del país se planteó en 2019 y, desde ese año, apenas lleva un 4% ejecutado.

El pasado 18 de agosto, Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), anunció que el gobierno nacional destinará recursos por USD 75 millones para los próximos cuatro años. Aunque no se dio detalles en específico, se afirmó que con esto se atenderían los requerimientos del sistema en cuanto a infraestructura, tecnología y talento humano.

Pero lo cierto es que la denominada “reforma carcelaria” es un pendiente lleno de aplazamientos en nuestro país. En junio de 2019 también se anunció la implementación de un plan con una inversión estimada en USD 38.3 millones, pero hasta la fecha apenas se ha ejecutado un 4% del proyecto.

El proyecto estuvo a cargo del SNAI, pero tras cuatro recortes presupuestarios, hasta mayo de 2021, solo se logró la construcción de dos pabellones femeninos, en Napo y en Carchi, y un muro perimetral en la cárcel de Imbabura, además de la compra de 1.500 chompas para los guías y radios portátiles digitales de comunicación.

En agenda, postergados para los siguientes meses o con intención de contratación, constan el mantenimiento de cámaras de videovigilancia, la compra de esposas, toletes, chalecos, cascos, escudos, gas pimienta, linternas, guantes, o un sistema de videoconferencia que evitaría al mes el traslado de 897 internos a las audiencias judiciales.

Cada traslado representa un costo individual de USD 100,26 y al mes USD 89.993. Así, se reducirían los riesgos de fugas, intercepciones para liberar a detenidos o amotinamientos por falta de personal.

Según información de la SNAI se esperaba que este proyecto impacte positivamente en la rehabilitación de las más de 38.000 personas privadas de libertad, de acuerdo con los registros actualizados a mayo de este 2021. Hace 30 años, la cifra se ubicaba en 6.978 internos. El crecimiento del 450% significó también un hacinamiento de casi el 30%.

El dinero del proyecto

Según la SNAI, los más de USD 38 millones no fueron entregados. Actualmente se requiere mejorar sistemas de control en los accesos, escáneres corporales, cámaras y sistemas electrónicos que garanticen la seguridad al interior de las cárceles y que impidan el ingreso de armas a los recintos, y se espera que esto se logre con los recursos anunciados por el actual gobierno.

Tras los violentos sucesos que continúan registrándose en las cárceles más grandes del país, el anterior gobierno diseño un nuevo Plan del Sistema de Rehabilitación, luego de un mandato de la Corte Constitucional (CC) para diseñar una propuesta de política pública financiada, para frenar la crisis en el sistema de rehabilitación.

Se trata de un documento de 90 páginas en los que se detalla las falencias del sistema y se enumeran posibles soluciones. Por ejemplo, se manifiesta la necesidad de invertir USD 6.9 millones en el Servicio de Rehabilitación Social, con la contratación de más guías y la compra de equipamiento.

Se establece además la necesidad de reclutar al menos a 2.261 nuevos agentes para poder controlar a una población penitenciaria que está cerca de los 40.000 presos, con un hacinamiento del 29.7%.

Otra parte de la inversión sería para procesar 7.400 expedientes de privados de la libertad que puedan acceder al régimen semiabierto o prelibertad, para que luego cumplan su sentencia afuera de las cárceles.

Pero ese no es todo el dinero que se necesita para cumplir con el Plan. Ahí se advierte que para mejorar todo el sistema de rehabilitación se necesitan al menos USD 18.5 millones. Esta información habría sido considerada por las autoridades del gobierno nacional y se espera que esta vez la inversión se concrete.