Negocios inactivos y a punto de ser liquidados, una carga a cuestas sobre la espalda del nuevo prefecto el Azuay.

Introducción

Las empresas públicas GPA Tours, Asfaltar y Agroazuay junto con la productora LactJubones, proyectos impulsados por el ex titular de la Prefectura, Paul Carrasco, muestran cifras en rojo y aunque una de ellas muestra finanzas relativamente saludables, Contraloría señaló que sus balances financieros no reflejan la realidad de la empresa.

La situación de las empresas de la Prefectura del Azuay se convierte en un lastre pendiente para la siguiente administración que estará a cargo de Yaku Pérez Guartambel, que no solo deberá saldar con las obligaciones, sino también modificar el modelo de negocio que llevó a la quiebra a tres de sus empresas, tras convertirse en su principal cliente.

Actualmente, GPA Tours, Agroazuay están inactivas, la procesadora de lácteos de LactJubones permanece cerrada; y, aunque Carrasco ha dicho en la prensa local que Asfaltar se encuentra saludable, y parece levantarse, hay indicios de una contabilidad sobrestimada.

Ninguna de las empresas mencionadas en el presente informe muestra públicamente, en sus páginas web o de la Prefectura, información de su ejecución presupuestaria, balances financieros y demás información económica, como lo exige la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) a toda entidad del sector público.

GPA Tours, la organizadora de eventos de la Prefectura

Esta empresa de constitución mixta fue declarada inactiva por la Superintendencia de Compañías, el 18 de julio de 2016, por la falta de presentación de información financieros desde 2014. Hasta hoy, así permanece. La empresa no cuenta con una página web propia y la única información pública disponible está alojada en la misma página web de la prefectura azuaya, en donde tampoco se muestran los balances financieros. La única información pública visible se encuentra en la Superintendencia de Bancos, pero no está actualizada y el último año disponible es 2013.

GPA Tours fue la firma encargada de organizar programas como Azuay es Fiesta y eventos como la Cumbre Hambre Cero, el Festival de la Orquídea o Garísima Music. Esta empresa, de acuerdo a un examen especial de Contraloría, debía generar recursos propios a través de eventos privados y publicidad; sin embargo, fue utilizada sólo para los eventos de la Prefectura, provocando pérdidas.

El informe de Contraloría DR2-DPA-0051-2018 sobre la auditoria a las finanzas de GPA Tours del 1 de enero de 2013, al 31 de diciembre de 2017, detalla que del total de ingresos de la empresa un 99.40% corresponde a actividades del Gobierno provincial del Azuay.

Los ingresos, según Contraloría, sumaron USD 6’770.039,40, de los que apenas USD 40.927,17 se obtuvieron por ventas al sector privado (menos del 1%); y, el resto se obtuvo de contratos con la Prefectura. “No dispusieron de otras fuentes de financiamiento que le permita a la entidad cubrir con todos los gastos de operación que demandaran el desarrollo de sus actividades”, cita el informe y detalla que los gastos de operación de la empresa sumaron USD 6'936.953,32, lo que supera el total de ingresos.

Adicionalmente, la empresa no cuenta con un reglamento interno para la administración de Talento Humano, ni una estructura organizativa. Tampoco tiene un manual de funciones y responsabilidades de los funcionarios, de acuerdo a sus niveles jerárquicos, así como los perfiles requeridos para cada cargo.

Asfaltar, una empresa con ingresos “sobrestimados”

De acuerdo al prefecto saliente Bolívar Saquipay - quien entró en reemplazo de Paul Carrasco para que se dedicara la campaña electoral-, las finanzas de esta empresa lograron equilibrarse en 2018 gracias que la actual gerencia buscó contratos en el sector privado.

Sus balances financieros muestran ganancias: USD 4.811, en 2016; y, USD 22.729, en 2017. Sin embargo, los ingresos de la Asfaltar estarían sobrestimados de acuerdo al informe DR2-DPA-0002-2019 de la Contraloría General.

“El equipo de auditoría no justifica el accionar de los servidores debido a que provocó una sobrestimación de la cuenta de Ingresos y Cuentas por pagar, y por ende de resultados, distorsionando la información presentada en los estados financieros”, cita el informe.

Gratuidad desproporcionada quebró Agroazuay

El caso de la empresa de economía mixta Agroazuay es similar: legalmente constituida en 2011 y en julio de 2016 la Superintendencia de Compañías la declaró inactiva. En su portal web, esta empresa muestra su programación presupuestaria, pero no su ejecución, presupuesto devengado ni balances financieros.

Los programas de esta firma están enfocados en el sector rural de la provincia y se manejan con un modelo de gratuidad insostenible que provocó pérdidas a la empresa. En la Superintendencia de Compañías se registra la entrega de balances hasta 2016 con una particularidad: los balances de 2011 a 2013 de entregaron en 2015, los de 2014, en 2017; y, los de 2015 y 2016, en marzo de 2019.

En 2014, la empresa muestra un patrimonio neto de USD 102.459,96 y pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores por USD 178.070,36. Para 2016, como última información disponible, las perdidas suman USD 150.250,74.

LactJubones, el negocio de la leche y un sistema clientelar

LactJubones, una empresa mixta de la Prefectura del Azuay, todavía activa en los registros de la Superintendencia de Compañías, pero desde hace dos años mantiene suspendidas las operaciones de su planta de procesamiento de lácteos y acumula pérdidas cercanas al millón de dólares.

Esta empresa cerró sus balances en 2017 con pasivos por un total de USD 574.426,26 y pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores por USD 885.491. Las razones: la falta de liquidez, un proyecto no sustentable cuyas finanzas se vieron perjudicadas por la gratuidad con la que se entregaba de sus productos.

Esta firma fue legalmente constituida el 8 de abril de 2010, en una sociedad conformada por el Gobierno Provincial del Azuay, liderada por Paul Carrasco, y la Cooperativa de Producción y Comercialización Red Glocal Girón (Coprogirón), conformada por cerca de 300 productores locales, con una participación accionaria del 51% y 49%, respectivamente. Ambos socios se mantienen en la actualidad, con una participación accionaria del 91% y 19%, respectivamente. Sin embargo, ya no produce lácteos, ni genera ganancias.

LactJubones está localizada en el kilómetro 35 vía Girón-Pasaje, en el sector de Santa Marianita y producía yogur, manjares y leche en funda, bajo la marca Leche de la Vaca. El objetivo inicial de la Prefectura era la de procesar y comercializar productos lácteos utilizando la materia prima entregada por pequeños productores del Azuay.

Aprovechando la planta procesadora de esta empresa mixta - en la que la Prefectura invirtió USD 1,5 millones-, el prefecto Paul Carrasco presentó en 2012 el programa Crecer para entregar sin costo una funda de leche La Vaca a unas 2.000 familias azuayas.

Este modelo de negocio provocó uno de sus primeros problemas de liquidez el mismo año, cuando por la falta de pagos los productores abandonaron sus puestos de trabajo en esta empresa. El mismo Carrasco aceptó que por el inconveniente alrededor más de una decena de pequeños ganaderos de la parroquia Las Nieves, en Nabón, se presentaron a las oficinas de LactJubones reclamando sus pagos.

“Estamos reestructurando la empresa, para definir la producción y en esta perspectivas, vamos a hacer un cambio en el mercadeo, pues necesitamos alrededor de USD 200,000 dólares para cancelar a los productores”, dijo en su momento Carrasco a la prensa local.

El proyecto se amplió en 2016 con el programa Equidar, mediante el cual se entregó leche de gratuita a cerca de 9.600 familias en los cantones azuayos de Cuenca, Paute y Gualaceo. Y, en 2017, inició la segunda etapa del programa Crecer.

La planta de producción suspendió sus actividades, pero no el programa de entrega de leche. Sin embargo, esta gratuidad estaba condicionada por su costo de producción y los gastos eran asumidos con fondos de la Prefectura de Azuay y, según su titular, también se financia de la venta de leche en otros sectores y de la empresa privada.

En los archivos de la Superintendencia se registró en 2017 USD 464.397 en ingresos, otros USD 360.722 destinado a compras locales de materias primas y un total de USD 732.718 en costos y gastos, generando solo ese año una pérdida de USD 268.320.

Compraron leche para regalarla

El 20 de agosto de 2018, la Prefectura firmó un contrato por 1’351.812 con la Compañía Lácteos San Antonio C.A. para la provisión de leche UHT. El contrato lo firman Paul Carrasco, como autoridad competente; Edgar Bermeo, procurador síndico; y, Luis Moncayo, como representante de la empresa.

Se trata de un proceso de contratación bajo la modalidad de subasta inversa que establece un plazo de cumplimiento de 360 días, posterior a la adjudicación del mismo. De acuerdo a los pliegos del proceso, los pagos se realizarían de forma mensual, a 30 días de presentada cada factura. No detalla de leche en litros que se adquiere o un límite del producto.

Dicho de otra forma, a partir de la adjudicación del contrato, la Prefectura se compromete a pagar, mensualmente y por un año, por la provisión de leche de Lácteos San Antonio. Esta compra se realizó justificada en la entrega de leche gratuita para niños de 0 a 6 años en situación de vulnerabilidad y se detalla que la compra se hace en el marco del programa Crecer que, inicialmente, se abastecía con la producción de LactJubones.