La información que publica CNT sobre las remuneraciones de sus trabajadores, todavía es incompleta. Mientras el distributivo de personal muestra 5.998 colaboradores en nómina, solo se detalla el sueldo de 558 cargos. Lo que implica un fin a la discrecionalidad pero a medias.

Durante cinco años, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) resolvió, inconstitucionalmente, mantener en secreto las remuneraciones de trabajadores, en clara violación lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP. No fue sino hasta mayo de 2020 que, finalmente, sus autoridades resolvieron mostrar la información.

CNT mantenía como “reservado” el detalle de su distributivo de personal, justificado en el artículo 20 de la Ley de Empresas Públicas - LOEP, que nada dice al respecto, en la resolución N° CNT EP-GG-0023-2015 de 14 de septiembre de 2015 y en la resolución N° CNT EP-GG-0012-2017 de 31 de marzo de 2017. Únicamente era visible el total neto destinado a remuneraciones y sobresueldos.

A inicios de 2019, el Observatorio de Gasto Público presentó a la CNT varios pedidos de información, para conocer la data antes mencionada y el presupuesto anual destinado para el pago de planes de celular del sector público, pero la información fue negada. Para mayo de 2020, tras un reportaje de Ecuavisa, la nueva administración de la empresa pública resolvió transparentar los archivos; sin embargo, en los documentos disponibles no se evidencia el monto pagado por sobresueldos ni horas suplementarias.  Tampoco es visible la información de remuneraciones de años anteriores.

De la información disponible se puede ver que existen 5.998 trabajadores en nómina, de acuerdo a su distributivo de personal, con sueldos desde los USD 420 hasta los USD 5.635, al cierre de mayo 2020. Sin embargo, en las remuneraciones, mostradas en un documento diferente, solo se detalla los valores entregados a 558 cargos. De acuerdo a la LOTAIP, toda institución pública debe trasparentar las remuneraciones por persona, no solo del cargo; es decir, que la información entregada es incompleta. 

El sueldo más alto le corresponde la gerente general, Martha Moncayo Guerrero, quien dispone en su despacho de un equipo de cuatro personas: dos asesores de gerencia, uno en Quito y otro en Guayaquil; un asesor adicional que figura en nómina como gerente de Procedimientos Judiciales; además, un coordinador ejecutivo. El sueldo de la gerente es USD 5.635; el de sus asesores es de USD 4.892, para el de Quito, y USD 4.496 para el de Guayaquil. El sueldo del gerente de procedimientos judiciales que además mantiene el encargo de asesor es de USD 4.318, mientras que el coordinador ejecutivo gana USD 4.892.

Cabe mencionar que, aunque la gerente gane un sueldo superior al del presidente de la República, no estaría violando la Ley del Servicio Público (LOSEP), pues esta norma establece excepciones para la fijación de sueldos en las empresas públicas, mismas que están sujetas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) según la cual el sueldo de las autoridades las fija el directorio de la institución.

Conforme con el Decreto Ejecutivo 218, del 3 de febrero de 2010, el directorio de la CNT está conformado por el ministro de Telecomunicaciones, el titular del organismo nacional de planificación, o sus delegados permanentes; y un miembro designado por el presidente de la República.

Como en cualquier empresa de su tamaño, la CNT cuenta con gerentes subalternos para distintas áreas y con distintas funciones. Un gerente nacional tiene una remuneración mensual de USD 4.892. Otros gerentes, asignados en distintas áreas, ganan entre USD 3.890 y USD 4.496. Estos son los sueldos más altos de la CNT.

Los sueldos más bajos son para los cargos de auxiliar operativo, impulsador de ventas, ascensorista y mecánico, que ganan USD 420 mensuales. Asimismo, los operadores y mensajeros ganan USD 460; una recepcionista y un auxiliar de servicios generales ganan USD 490 cada uno.

¿Cómo se financia la CNT?

CNT, como hemos visto, es una empresa pública. Sin embargo, no requiere de financiamiento con instituciones del sistema financiero y no es parte del Presupuesto General del Estado. Cubre sus obligaciones con recursos propios, producto de la comercialización de sus servicios. Figura como único accionista el Ministerio de Telecomunicaciones, con un capital de USD 245,9 millones. En el portal de la Superintendencia de Compañías, todavía figura como gerente Cesar Regalado Iglesias, quien estuvo en el cargo antes de Martha Moncayo, actual gerente desde el 20 de mayo de 2019.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) generó una ganancia de USD 487 millones, desde 2013 a 2018. De acuerdo con los registros contables de esta empresa pública, el excedente entregado al Estado aumentó en un 230% en seis años y se prevé que la tendencia de crecimiento se mantenga. CNT financia el 75% de sus activos con patrimonio propio y genera USD 0,08 con cada dólar que inversión. Además, su nivel de endeudamiento está muy por debajo del de sus competidores (Conecel y Otecel).

De acuerdo con la cédula presupuestaria de 2019, esta empresa estatal manejó un presupuesto de USD 980,2 millones, y su ejecución presupuestaria fue del 91%; es decir, que gastó USD 893 millones. Los gastos operativos como remuneraciones, costo de ventas, servicios, materiales y suministros, llegó a los USD 736,2 millones.

El 27 de enero de 2019, la CNT publicó por error un balance financiero que mostraba una considerable pérdida en su patrimonio al cierre de 2017. Al día siguiente, el error fue enmendado y se intercambiaron las cifras en los casilleros de patrimonio y de pasivos. Se trataba de una confusión, pero también de un descuido, pues la última auditoría a los informes contables de la CNT se hizo en 2014. Esta fue realizada por la firma Ernst & Young al 31 de diciembre de 2014, producto del cual se emitió el informe DASE-0023-2016, mismo que se aprobó por la Contraloría General del Estado, el 7 de junio de 2016, y que, a su vez, fue remitido con oficio 19456 de 15 de julio de 2016 a la entidad.

El informe detalló 91 recomendaciones de las cuales ninguna fue implementada, según el organismo de control. Se trata de observaciones como la falta de detalle en inventarios, la no confirmación de cuentas por cobrar alegando que no cuentan con teléfonos de contacto para la cobranza, una previsión de cobros desmedida, entre otros.

Lo más llamativo es que en dicho informe, los auditores señalan la desaparición de activos por USD 172 millones en los estados financieros.