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LUN, ABR 03, 2023 | Autor: Leonardo Gómez Ponce - Observatorio de Gasto Público de Fundación Ciudadanía y Desarrollo

El costo de la comunicación presidencial en Carondelet

El costo de la comunicación presidencial en Carondelet

Un 22% del presupuesto de la Presidencia de la República será destinado al pago de sus estrategias de comunicación, producción y diseño de campañas.

Para este 2023, la Presidencia de la República prevé gastar poco más de USD 7,1 millones en publicidad, producción audiovisual, pauta y estrategias para la difusión mediática de las actividades del Gobierno Nacional y de los mensajes del primer mandatario, Guillermo Lasso. Esto equivale a un 21,6% del presupuesto anual codificado de esta entidad o también al 51% del presupuesto previsto para el pago de las remuneraciones de los 555 funcionarios en la nómina de esa institución, según sus registros presupuestarios al cierre de enero 2023.



De los USD 7.107.814,40 que prevé gastar la Presidencia en comunicación y publicidad, un 79% se destinará al pago de pauta y difusión de mensajes o campañas del Gobierno Nacional. En detalle, son USD 5,6 millones que, acorde con el Plan Anual de Contrataciones 2023, se usarían en contratos adjudicados bajo la modalidad de Régimen Especial. Los USD 1,5 millones restantes se destinarían a la producción audiovisual y pago del diseño de estrategias de comunicación con el mismo objetivo: la difusión de mensajes del Gobierno Central.



Costos del personal especializado

Además de los egresos señalados, existe un gasto corriente relacionado al manejo de la comunicación interna y externa de la Presidencia por al menos USD 176.622 mensuales (cifras de enero 2023). Estos recursos se destinan al pago de las remuneraciones de 113 funcionarios que trabajan en Carondelet atendiendo tareas específicas como la organización de eventos oficiales, redacción, fotografía, producción audiovisual, marketing y publicidad, manejo de redes digitales o relaciones públicas. Según cifras de enero 2023, esta pequeña nómina requerirá un desembolso de al menos USD 2.119.464 en este año fiscal.

De acuerdo con la nómina de Presidencia, solo para la organización de eventos de Presidencia se requiere de un equipo de nueve personas, incluyendo una encargada de coordinar aspectos ceremoniales y protocolarios.

Para la producción audiovisual existe otro grupo de 12 personas, sin contar a dos fotógrafos, un camarógrafo y un asistente de control y edición. En el equipo también destaca la participación de dos personas a cargo de los discursos presidenciales y otros cuatro “analistas de Direccionamiento y Redacción”.

Entre analistas de contenido, marketing y publicidad, la nómina de funcionarios de Presidencia a cargo de temas comunicacionales equivale al 20% del total de colaboradores en esa institución. Existe un equipo de cinco personas en Relaciones Públicas, otras 12 en comunicación digital y redes sociales, tres personas a cargo de la imagen gubernamental y otros tres cuyo registro salta a la vista por constar como trabajadores del desaparecido medio presidencial El Ciudadano.



Comunicación y publicidad en 2022

El registro de ejecución del presupuesto de enero a diciembre 2022, disponible en el apartado de transparencia en la web oficial de la Presidencia de la República, muestra egresos por cuatro millones de dólares en publicidad, producción audiovisual y organización de eventos oficiales. El rubro más considerable es el de Difusión Información y Publicidad por USD 2,8 millones dividido en dos partidas presupuestarias.

La cédula presupuestaria de Presidencia al cierre de 2022 presenta una peculiaridad: los montos del presupuesto comprometido son considerablemente superiores a los montos certificados. Es decir, los registros contables del dinero comprometidos para el pago de contratos, actividades externas e incluso la gestión interna, es mayor a las cifras que previamente debe autorizar el área financiera, como una forma de validar que la institución cuenta con el dinero para determinada actividad.

El artículo 101 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas indica que cada entidad del sector público podrá emitir certificaciones presupuestarias anuales “solamente en función de su presupuesto aprobado”.

El mismo artículo agrega que la certificación presupuestaria implica un compromiso en función del presupuestario disponible y dispone que “Ninguna entidad u organismo del sector público, así como ningún servidor público, contraerá compromisos celebrará contratos o convenios, autorizará o contraerá obligaciones, respecto de recursos financieros, sin que exista la respectiva certificación anual o plurianual según sea el caso”, salvo los casos previstos en el artículo 117 del Código de Planificación:

  • Cuando ineludiblemente por excepción deban realizarse pagos sin contraprestación, de acuerdo con lo que dispongan las normas técnicas de presupuesto que dicte el ente rector de las finanzas públicas; y,
  • Cuando se reciban de terceros obras, bienes o servicios adquiridos por autoridad competente, mediante acto administrativo válido, haya habido o no compromiso previo.
Pero este no es el caso. En los registros del presupuesto liquidado de Presidencia se muestra, por ejemplo, un monto comprometido de USD 5,9 millones para el pago de remuneraciones unificadas, con una certificación de cero. De hecho, el total comprometido para egresos de personal es de 12 millones, mientras la certificación es de cero.

Lo mismo sucede en el caso de los registros de egresos por gastos de Difusión Información y Publicidad, con partida presupuestaria 530207 1701 001, que cuentan con un monto comprometido de USD 5,2 millones, cuando el monto certificado es de 2,8 millones.


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Contratos para comunicación y publicidad

Una segunda peculiaridad es que la suma de los tres contratos realizados por Presidencia para fines de comunicación y publicidad en 2022 es superior al monto devengado que registran en su cédula de liquidación del presupuesto de enero a diciembre 2022. Estos son los únicos contratos realizados por la entidad el año pasado, según el portal de compras públicas del SERCOP.

Los tres contratos fueron adjudicados vía régimen especial por un total de USD 5,4 millones, con plazos de término en 2022. El mayor fue adjudicado en junio de 2022, por USD 3,5 millones, para la producción de material publicitario y difusión en medios ATL, vía pública y digital de las campañas del Gobierno Nacional.

En el sistema público de contratación estatal no existe registro alguno de contratos celebrados por concurso público o facturas por ínfima cuantía.



Los beneficiarios

Rosa Angélica Enríquez Bastidas, adjudicataria del contrato de Presidencia RE-CSPS-PR-003-2022 no cuenta con un historial de contratos con el Estado de forma directa. Apenas uno más con el Municipio de Quito (RE-MDMQ-IMP-03-2021), por USD 180.000 para la organización de eventos artísticos enfocados en la promoción patrimonial de la ciudad, a un plazo de 180 días. Ese contrato se adjudicó el 22 de noviembre de 2021.

PARADAIS S.A. es la firma que se hizo con el contrato más cuantioso de Presidencia en 2022 para publicidad y difusión, tiene un registro de ocho contratos con el Estado, entre 2019 y 2022, todos adjudicados vía régimen especial. La mitad de estos, entregados durante el actual régimen, con diferentes entidades del gobierno central y gobiernos seccionales.



Según los archivos de la Superintendencia de Compañías, PARADAIS S.A. tiene como accionistas a Agustín Gabriel Febres Cordero Kronfle, Ricardo Xavier Medina Ramírez y Giancarlo José Moggia Cucalón. Febres Cordero y Medina son también accionistas de PARADAIS MEDIA S.A.

Por su parte, la empresa DGMC Ecuador S.A., con el contrato RE-CSPS-PR-001-2022 de Presidencia, tiene un listado de 17 contratos adicionales con el Estado entre 2012 y 2022. Nueve de los 18 contratos se firmaron durante el Gobierno de Guillermo Lasso; de esos nueve, ocho se adjudicaron vía régimen especial, en su mayoría con entidades adscritas a la Función Ejecutiva.

DGMC Ecuador S.A. tiene por accionistas a Glenda Alexandra Espinoza Zúñiga y Carlos Eduardo Salame Viteri. En 2020, diario Expreso dio a conocer que esta empresa había sido beneficiada, durante la pandemia, de un contrato de la Empresa Pública Municipal de Tránsito de Guayaquil (ATM) por USD 2.2 millones para informar del trabajo que la entidad realiza.


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