El defensor del Pueblo y, hasta hace poco, el contralor subrogante, continuaban en sus cargos y cobrando su sueldo a pesar de la prisión preventiva.

Hasta hace pocos días, dos autoridades en funciones permanecían en prisión preventiva, cobrando sus sueldos: se trata del titular subrogante de la Contraloría General del Estado, Pablo Celi, y el defensor del Pueblo Freddy Carrión. Ambos mantenían su cargo debido a que no existe una sentencia en firme y tampoco han sido cesados o destituidos. Celi renunció el pasado 5 de julio, pero en ambos casos, el uso de licencias por vacaciones, ausencia temporal o enfermedad son usadas como estrategia para dar aferrarse al cargo mientras resuelven sus asuntos con la justicia.

En el país existe una considerable lista de autoridades y altos funcionarios que, sin dejar sus cargos, enfrentan diferentes investigaciones por denuncias de corrupción. La presunción de inocencia juega en su favor pese a las acusaciones, aunque en la opinión pública tanto su imagen como la de las instituciones se ve afectada y deteriorada.

Un ejemplo de ello es el alcalde de Quito, Jorge Yunda, quien enfrenta un proceso de remoción aprobado por el Concejo Metropolitano e investigaciones de la Fiscalía y la Contraloría General del Estado, por supuestas irregularidades en la compra de pruebas COVID-19 así como por su relación con empresas que son contratistas públicas. Yunda no está en prisión y todavía se mantiene en funciones. El burgomaestre ha echado mano de cuanto recurso jurídico nacional está disponible, e incluso ha manifestado su deseo de acudir a instancias internacionales para defender su cargo. Mientras este caso se resuelve, la imagen y credibilidad de la Alcaldía de Quito es cuestionada.

Una Contraloría acéfala

El ex contralor subrogante Pablo Celi permanece en prisión preventiva desde el allanamiento en su domicilio, el 13 de abril de 2021. Celi fue detenido por su presunta participación en el Caso “Las Torres”, en el que varias personas son investigadas por la Fiscalía, por su participación en una red de corrupción que habría operado desde la Contraloría, la secretaría general de la Presidencia de la República y Petroecuador para exigir dineros a modo de sobornos a cambio de desvanecer glosas en la entidad de control.

Si bien Celi presentó su renuncia el pasado 5 de julio, mientras estuvo en el cargo y se lo procesaba, se acogió a una licencia sin sueldo. Pero esta finalizó 60 días más tarde, el 12 de junio. Considerando que todavía no existe una sentencia en su contra, Celi todavía ocupaba el cargo, designaba sucesores y gozaba de su sueldo de USD 4.959, pese a formalmente no ejercer como autoridad. El pago de su sueldo se registró hasta abril de 2021, según los archivos de remuneraciones de la página web de la Contraloría. A partir de mayo de 2021 no consta ningún valor de pago en su favor.

Con sus asuntos judiciales aún pendientes, Celi fue trasladado al Hospital Eugenio Espejo de Quito el 9 de junio, por un diagnóstico positivo para coronavirus. Tres días más tarde se cumplió el plazo de 60 días de su licencia sin sueldo, por lo que el funcionario debía volver a sus funciones para no ser destituido conforme lo establece la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). El artículo 48 de esta norma establece como causa de destitución el abandono injustificado del cargo por tres o más días laborables. Es decir, Celi -cuya licencia terminó el 12 de junio- tenía hasta el 16 de junio para retomar sus funciones para no ser cesado, pero apalancado en su condición médica obtuvo una nueva licencia, esta vez por enfermedad.

De esta forma, Celi mantuvo el cargo, con el beneficio de su sueldo durante algunos días más, pero aún en prisión. Durante ese tiempo la institución quedó a cargo de la subcontralora, Valentina Zárate, quien asumió como contralora en subrogación a la autoridad ausente, hasta su renuncia el 21 de junio. Carlos Alberto Riofrío González fue entonces designado por Celi, desde la prisión, como nuevo subcontralor.

El costo de la Contraloría

Según los archivos de transparencia activa, en mayo de 2021, poco más de USD 4.6 millones se destinaron al pago de remuneraciones de los 2.487 trabajadores de la Contraloría. El presupuesto anual para este rubro es de USD 55.7 millones, lo que representa un 32% del presupuesto de la institución. Esta entidad recibió de un total de USD 82’224.328 en recursos fiscales para su gestión en 2021. Un 37,79% de estos recursos fueron usados en la institución hasta mayo para la ejecución de sus diferentes actividades.

El escándalo golpea a la Defensoría del Pueblo

En abril de 2019, Freddy Carrión Intriago fue designado defensor del Pueblo luego del concurso organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Sin embargo, desde el 17 de mayo de 2021 se encuentra detenido en la cárcel No. 4 de Quito y es investigado por un supuesto delito de abuso sexual. El delito que se investiga habría ocurrido la madrugada del domingo 16 de mayo, durante una fiesta en la casa del exministro de Salud, Mauro Falconí, en la que se encontraba la pareja de este último.

El sueldo de Carrión es de USD 4.463 y su último pago se registró en mayo de 2021 – mes en el que fue detenido. Carrión pidió una licencia por vacaciones de 30 días, tiempo durante el cual la vicedefensora Zaida Rovira, asumió temporalmente la titularidad de la institución, para todos los fines prácticos y legales. Desde la cárcel, Carrión firmó una resolución disponiendo el cese de Rovira y nombrando a Tania Castillo – delegada de la institución en Carchi – como nueva vicedefensora.

Rovira aseguró que esta resolución es ilegal, que su subrogación se mantiene y solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que designe a un Defensor del Pueblo encargado, algo que hasta el momento no ha ocurrido.

¿Cuánto tiempo le queda? La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo en el artículo 15 establece dos causas para que la máxima autoridad acceda a una licencia de sus labores: enfermedad o circunstancias de fuerza mayor. Además, indica que el Defensor del Pueblo puede tener una licencia de máximo tres meses.

Cabe mencionar que en la página web del Ministerio del Trabajo consta un impedimento para que Carrión ejerza el cargo por “deudas a entidades del sector público”. No se detalla a cuáles. El 22 de junio de 2021, la asambleísta Yeseña Guamaní presentó en el Legislativo un pedido de juicio político en contra de Carrión, buscando su censura y destitución.

Sin una sentencia en firme por las acusaciones en su contra y mientras la Asamblea no resuelva el tema en un juicio político, Carrión continúa en el cargo y podría cobrar su sueldo.

El costo de la Defensoría del Pueblo

Un total de USD 667.224 se destinaron al pago de remuneraciones de 406 trabajadores de la Defensoría del Pueblo al cierre de mayo de 2021. El presupuesto anual para el pago de remuneraciones es de poco más de USD 8 millones. Las diferentes actividades de la institución se financian de ingresos fiscales y préstamos externos, conforme a la cédula presupuestaria al cierre de mayo de 2021 la Defensoría del Pueblo recibe para su gestión un total de USD 11'385.881 por recursos y USD 144.917 por préstamos.